El Ministerio de Defensa ha tomado la decisión de suspender el cobro de jubilaciones a cuatro militares retirados que residen en el exterior y están prófugos de la Justicia por causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar.
Según lo informado por Info Capital (TV Ciudad) y confirmado por Montevideo Portal con la Fiscalía, esta medida se basa en órdenes emitidas por los juzgados de 23° y 27° turno. Estas órdenes avalan el pedido del fiscal especializado en Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, quien presentó un escrito en cada uno de los casos solicitando a la Dirección de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas que se aplique el artículo 127 de la Ley n° 16.170.
Dicha norma establece que los beneficiarios de una pensión militar que residen en el exterior deben acreditar su existencia semestralmente mediante una revista consular o algún otro método fehaciente. En caso de que transcurra un año sin que se presente esta constancia, la pensión se da de baja hasta que el beneficiario solicite su reincorporación al presupuesto.
Es importante mencionar que este marco legal fue modificado en diciembre de 2020, durante el gobierno anterior, y desde entonces solo se exige la constancia de vida a quienes residen fuera del país, a diferencia de antes, cuando se requería a todos los jubilados militares.
El debate sobre la situación de las jubilaciones de militares prófugos cobró relevancia nuevamente a principios de mayo, cuando Familiares se reunió con el presidente Yamandú Orsi. Durante este encuentro, se denunció que el exmilitar retirado Roberto Freddy Amorín, requerido e investigado por torturas en el Comando General de la Fuerza Aérea entre 1972 y 1977 y por la desaparición del militante comunista José Arpino Vega en 1974, había tramitado una “fe de vida” en el consulado uruguayo en Miami. Esto lo habría permitido continuar percibiendo su jubilación, sin que los funcionarios informaran a Interpol, a pesar de tener instrucciones de hacerlo desde la Cancillería.
Según los datos disponibles, hay un total de 16 militares requeridos por la Justicia uruguaya. De ellos, 12 se encuentran prófugos, mientras que tres cuentan con el respaldo jurídico de los países donde residen, los cuales han rechazado las solicitudes de extradición. El caso restante, el de Daniel Maiorano, exintegrante de la Dirección de Inteligencia de la Prefectura Nacional Naval, está actualmente en trámite.
Con información de Montevideo Portal
