Instituciones que trabajan mediante un convenio con la fundación A Ganar afirman que el Ministerio de Desarrollo Social mantiene pagos atrasados por más de $ 30 millones y advierten por dificultades para continuar funcionando.
El presidente de la Asociación Integra de Residenciales, Sabino Montenegro, expresó su preocupación por la deuda que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) mantiene con distintos centros que alojan a personas mayores de 65 años en situación de calle, en el marco de un acuerdo firmado en 2021 junto a la fundación A Ganar.
En declaraciones a Radio Montecarlo, Montenegro sostuvo que el panorama “vuelve a ser angustiante” debido al atraso en los pagos, que según indicó supera los $ 30 millones. Explicó además que la deuda corresponde a los meses de marzo y abril, además de los días transcurridos de mayo, y afecta a más de 70 residenciales.
Actualmente, unas 300 personas son alojadas en estos establecimientos a través del convenio, por el cual los centros reciben aproximadamente $ 15 millones mensuales. Montenegro señaló que varios residenciales pequeños, que albergan apenas cuatro o cinco personas derivadas por el Mides, enfrentan serias dificultades para cubrir sus costos operativos.
A esto se suma la proximidad del pago de aguinaldos en junio, situación que, según el representante de la asociación, agrava aún más el escenario financiero de los prestadores.
Montenegro también indicó que, pese a los atrasos, desde el ministerio continúan solicitando nuevos cupos para alojar personas en situación de calle. Sin embargo, muchos residenciales decidieron no aceptar más ingresos hasta regularizar la situación.
“El Mides necesita estos lugares porque están habilitados y preparados. Si comienzan a faltar camas disponibles, el problema para alojar personas será todavía mayor”, advirtió.
Desde la Asociación Integra de Residenciales señalaron además que han intentado establecer contacto con el ministro Gonzalo Civila, aunque hasta el momento no han obtenido respuesta. La organización sostiene que busca transmitirle a las autoridades que los recursos estatales podrían administrarse de una manera más eficiente para ampliar la capacidad de atención.
Con información de Montevideo Portal
