El intendente de Maldonado, Enrique Antía, expresó en una reciente rueda de prensa que las reacciones a las demoliciones en Punta Colorada se deben a un operativo que combina intereses políticos y privados. Según el jefe comunal, «como no hay nada de lo que puedan agarrarse, inventan y generan una movida donde le sumaron testimonios de personas que hace 40 años viven en tierra ajena».
Antía añadió que han circulado videos de testimonios de los actuales ocupantes de esas tierras, pero recordó que la justicia ya ha dictaminado en varias ocasiones que se trata de terrenos públicos y ha autorizado a la intendencia a llevar a cabo las demoliciones.
El intendente señaló que, a pesar de la situación, los inmuebles se alquilaban durante el verano, al igual que otros que ya han sido demolidos. Además, destacó que un plan de desarrollo para Punta Colorada está en marcha, el cual implica una inversión de la intendencia, que incluye el traslado de la ONG SOS Fauna Marina a un nuevo espacio adecuado para la preservación de animales y la mejora del saneamiento, un aspecto actualmente deficiente en la zona.
Antía también mencionó que las aguas servidas de la región desembocan en la costa y que se busca realizar un saneamiento para mitigar esta problemática, transformando el lugar en un paseo. En relación a los vecinos, comentó que han contratado a cinco grupos de abogados y ahora han añadido un grupo de Montevideo, pero tiene confianza en que la verdad saldrá a la luz, ya que existen varias resoluciones judiciales favorables a la IDM, además de esperar el veredicto del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), cuyo procurador ha confirmado que son terrenos públicos y deben ser demolidos.
Las declaraciones se realizaron durante la entrega de cinco viviendas en La Capuera, en el marco de un proyecto más ambicioso que incluye el saneamiento y la construcción de calles, plazas y parques, con una inversión de 7 millones de dólares en colaboración con el BID y la OPP.
Fuente: Intendencia de Maldonado

