La Intendencia de Maldonado ha presentado un proyecto de ordenanza con el objetivo de reorganizar, fortalecer y modernizar el sistema de transporte público colectivo. La iniciativa busca mejorar el papel regulador de la IDM, garantizando un servicio accesible, confiable y seguro para los usuarios.
Este proyecto se desarrolló teniendo en cuenta las recomendaciones del Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) y los aportes de la comisión multipartidaria sobre Movilidad, que fue impulsada por el gobierno departamental con una visión a largo plazo de 30 años.
El transporte público colectivo es un servicio esencial para el departamento, ya que asegura el ejercicio del derecho a la movilidad tanto de residentes como de visitantes, facilitando el acceso a oportunidades laborales, educativas, sanitarias, sociales y recreativas.
Maldonado ha visto un crecimiento poblacional sostenido en las últimas décadas, especialmente en San Carlos, Maldonado y Punta del Este, lo que ha generado una mayor presión sobre el sistema de movilidad.
Entre los desafíos que se presentan están la calidad del servicio, la regularidad, las frecuencias, la cobertura temporal y la competitividad del sistema.
El gobierno departamental considera que la normativa actual sobre transporte colectivo, que fue concebida en su momento, necesita ser actualizada y reestructurada.
Con este proyecto, se busca reforzar el rol de la IDM como autoridad competente en la planificación, regulación y fiscalización del sistema, dotándola de herramientas claras para ordenar el servicio y asegurar su cumplimiento.
Un aspecto clave será la inclusión de criterios técnicos y operativos claros en relación con las concesiones, permisos, estructura empresarial, capacidad económica de los operadores y características de las unidades del servicio.
Se trabajará en la regulación de la antigüedad máxima de la flota, su renovación progresiva, así como en las condiciones de accesibilidad y homogeneidad tecnológica.
Este enfoque hacia la modernización gradual del transporte público también busca mejorar su desempeño en términos económicos, sociales y ambientales.
El proyecto de decreto incluye un extenso articulado que, en resumen, señala que los permisos otorgados por la IDM para los servicios de transporte público serán precarios y revocables.
El gobierno departamental gestionará los servicios y asegurará que sean de alta calidad en relación a la oferta y demanda, además de ser accesibles. También impulsará la incorporación de tecnología necesaria en la renovación de las flotas.
La intendencia se encargará de regular y fiscalizar los servicios de transporte colectivo bajo su competencia y será responsable de las infracciones que se cometan contra las disposiciones de este decreto.
El jefe comunal podrá definir la tecnología para la venta de pasajes en todas sus modalidades, ya sea en efectivo, abonos, billeteras electrónicas, así como los medios de pago que utilizarán los usuarios.
Asimismo, tendrá la posibilidad de implementar dispositivos o sistemas tecnológicos en las unidades que prestan servicios, con el fin de proporcionar información o atender aspectos de fiscalización del sistema.
La intendencia también reglamentará la incorporación de nuevas condiciones para mejorar el sistema de transporte colectivo de pasajeros y notificará a las empresas concesionarias sobre nuevas obligaciones.
El gobierno será propietario de la información generada en el sistema y podrá requerir a las empresas toda la información necesaria para la regulación financiera, tecnológica, operativa y administrativa del sistema.
Finalmente, el intendente se reserva el derecho de intervenir en las empresas para asegurar el cumplimiento y la continuidad de los servicios en caso de que sea necesario.
El proyecto clasifica los servicios de transporte en regulares y no regulares.
Con información de Intendencia Maldonado
